“No basta con pedir disculpas”, HSBC debería reparar el daño

Luigi Antonio Mazzitelli, representante de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito

“No basta con pedir disculpas”,

HSBC debería reparar el daño

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Para frenar el lavado de dinero en México ha faltado compromiso real por parte de las instituciones bancarias, y una actitud más proactiva y fiscalizadora de las instituciones y los congresos. Eso lo sabe muy bien Antonio luigi Mazzitelli, experto en crimen organizado y representante de las Naciones Unidas en México, Centroamérica y el Caribe.

Y lo sostiene con estudios internacionales y sus datos fríos: se incauta apenas 1 por ciento del dinero considerado como ilícito. A raíz de las revelaciones del Senado de estados unidos sobre la inmensa lavadora de capitales sucios que representa el banco HSBC, en particular su filial en el país, Mazzitelli evalúa la situación para emeequis y califica de insuficiente la rectificación hecha hasta ahora por el banco de matriz británica: “ese dinero ha causado violencia y muerte en el país. una disculpa no basta”.

Por Zorayda Gallegos
@zogallegos • zgallegos@m-x.com.mx
Fotografías: Eduardo Loza

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Antonio Luigi Mazzitelli se sabe el dato de memoria: las naciones apenas consiguen incautar 1 por ciento de los capitales ilícitos que circulan en el mundo, y en México, añade, es evidente que no se ha puesto suficiente atención y energía para combatir el lavado de dinero.

Las palabras del diplomático tienen respaldo concreto en un estudio de los flujos financieros ilícitos, resultado del tráfico de drogas y otros crímenes organizados trasnacionales, hecho recientemente la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y de la cual Mazzitelli es su representante en México, Centroamérica y el Caribe.

Para este experto en narcotráfico y blanqueo de capitales, la información de la ONU se confirma con lo que hace unos días se dio a conocer sobre el presunto lavado de dinero que realizó la filial de HSBC en nuestro país. No es algo que lo tome por sorpresa, al contrario, dice Mazzitelli, “no hace más que respaldar el análisis que hicimos”.

En el caso específico de México, lamenta que no se haya puesto suficiente atención a los beneficios que puede dar el combate a los activos del crimen organizado, como está ocurriendo en otros países. “El dinero y las propiedades que se incautan, pueden o deberían ser utilizadas para fortalecer las respuestas institucionales y sociales”, argumenta.

El documento de la ONU al que hace referencia es en sí mismo un listado de malas noticias: los delincuentes logran blanquear en un año el equivalente a 2.7 por ciento del producto interno bruto mundial. El dinero ilícito en todo el planeta, incluido el procedente de la evasión de impuestos, asciende a 2.1 billones de dólares.

Y en México la situación no es muy distinta. Un análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (Cesop), elaborado con información de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, Drug Enforcement Administration) y la Secretaría de Hacienda, detalla que, por su tamaño y modo de operar, los cárteles del narcotráfico son las organizaciones que más recurren a la práctica de lavado de dinero.

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La noticia le dio la vuelta al mundo: el lunes 16 de julio el Subcomité de Investigaciones del Senado estadunidense difundió un informe sobre operaciones contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo del grupo financiero HSBC Global, donde México salía seriamente perjudicado.

Los señalamientos eran muy concretos: la filial nacional de HSBC envió 7 mil millones de dólares en efectivo a la filial en Estados Unidos entre 2007 y 2008, cantidad que sólo podía explicarse si incluía ganancias ilegales del narcotráfico.

El informe de 340 páginas también revelaba que en septiembre de 2008, HSBC México reportó un aumento notable de más de 60 mil cuentas en las Islas Caimán con activos totales de aproximadamente 2 mil 100 millones de dólares. En 2009 no tuvo más remedio que cerrar 3 mil 600 cuentas, de las cuales 675 eran sospechosas de lavado de dinero.

Estas cuentas se cerraron porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) “presionó” a HSBC para que lo hiciera, declaró el presidente de ésta, Guillermo Babatz, días después de que se desató el escándalo en Washington.

“La decisión por parte del banco de cerrar el depósito en dólares en efectivo y un número muy elevado de cuentas en dólares en la sucursal de Islas Caimán tiene que ver precisamente con las presiones y exigencias de las autoridades mexicanas”, precisó Babatz en una entrevista radiofónica. Aseguró que las fallas de HSBC en sus mecanismos de control fueron detectadas por la CNBV desde 2002.

A pesar de ello el banco siguió operando con normalidad. Luego se avisó al Banco de México y, hasta 2007, a los funcionarios de la matriz bancaria y al regulador del país de origen, Reino Unido.

El lavado de dinero descubierto se originó en Sinaloa. En 2007, el banco HSBC fue utilizado para transferir más de 100 millones de dólares desde ese estado, enclave de uno de los cárteles más poderosos de México.

Posteriormente la operación fue detectada por funcionarios en Washington.

Pero HSBC no es la única institución bancaria con fallas. Babatz asegura que tienen procesos abiertos con otros bancos en materia de falta de controles antilavado de dinero. “La CNBV tiene observaciones abiertas con prácticamente todas las instituciones que supervisamos y estamos en acciones correctivas muy severas en algunas de ellas”.

Tras lo ocurrido con HSBC, los controles internos de seguridad de los bancos han sido duramente cuestionados. No obstante, dice Mazzitelli, si bien las instituciones bancarias tienen mucha responsabilidad, se han diversificado los métodos y lugares para blanquear capitales de origen oscuro.

Se hace, por ejemplo, a través de empresas lícitas de bienes y servicios.

—Todo lo que es industria turística, de diversión, tiendas de productos de lujo, pueden ofrecer oportunidades para procesar importantes cantidades pagando impuestos. Así también se legalizan esos recursos —alerta el diplomático.

—¿Qué ha hecho falta en México para combatir eficazmente el lavado de dinero?

—Muy probablemente un compromiso real por parte de los que deberían atacarlo, como también una actitud mucho más proactiva y fiscalizadora de las instituciones y de los congresos (estatales y federal). A fin de cuentas son éstos los que deben aprobar las leyes, pero seguramente hay intereses, y no necesariamente para proteger grupos criminales, que llegan a obstaculizar la aprobación de leyes contundentes que pongan en serio peligro los patrimonios de quienes lavan el dinero.

—¿Cree que se ha atacado este delito con la misma intensidad con que se ha enfrentado a los grupos del crimen organizado?

—Un dato: solamente se incauta el 1 por ciento de todo el dinero sucio que está en circulación, mientras que de cocaína a nivel mundial se incauta casi el 50 por ciento. Yo diría que se está perdiendo la oportunidad de reinvertir el dinero sucio en actividades que puedan generar una verdadera cultura de la legalidad. Eso es: incautar dinero y propiedades generadas por actividades ilícitas y entregarlas a las comunidades para fortalecer la cultura de la legalidad en contra de la ilegalidad.

—¿México es un país donde se puede lavar dinero fácilmente?

—No lo sé, pero muy probablemente en las economías desarrolladas, donde los servicios financieros son más avanzados y existe mayor demanda de bienes y productos, es más fácil encontrar la manera y los cómplices para lavar dinero. En cambio, los países más pobres tienen menos oportunidades porque no hay movimiento financiero o económico, ni flujos económicos que puedan justificar grandes cantidades de dinero de procedencia ilícita.

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Todo indicaba que en 2009 México había encontrado una solución para debilitar las enormes ganancias económicas del crimen organizado: la ley de extinción de dominio. Pero a tres años de haberla aprobado, los propios legisladores reconocen sus nulos resultados.

Hace un mes, en el estudio “Lavado de dinero: indicadores y acciones binacionales” de la Cesop, se advirtió de lo insuficiente que ha resultado esta legislación: “Los obstáculos y retos que enfrenta la extinción de dominio en su corta existencia, han llevado al desencanto de quienes la visualizaban como una de las armas legales que fracturarían la columna vertebral de la delincuencia organizada y de su imperio financiero”.

Las cifras comparativas confirman tal “desencanto”: entre 2010 y 2011 sólo se realizaron tres juicios de extinción de dominio de bienes a favor del Estado mexicano, mientras que en Colombia y Guatemala hubo más de 2 mil 700 procesos.

En otros países los bienes sujetos a extinción de dominio rebasan los 28 mil en un año; en México nada más se han afectado ocho bienes.

En el documento “Extinción de dominio: escenarios internacionales, contexto en México y propuestas legislativas”, se reconoce que desde la promulgación de la ley, la Procuraduría General de la República (PGR) únicamente ha iniciado 10 procedimientos, de los cuales ha logrado ganar uno. Y en lo que va de 2012, ninguno.

El estudio concluye que si se busca garantizar la funcionalidad de la extinción de dominio y así desmantelar la estructura del crimen organizado, es indispensable delinear una genuina coordinación entre las instituciones del Estado mexicano responsables de la inteligencia financiera, los registros de la propiedad, las instituciones bancarias y las unidades de investigación patrimonial en todos los niveles en el país.

Con eso coincide Antonio Luigi Mazzitelli.

—¿Qué cree que pasa en México con la ley de extinción de dominio?

—Desafortunadamente no ha logrado producir los cambios esperados y tampoco se ha dotado de los instrumentos necesarios a quien tendría que hacer ese trabajo para que sea efectivo y contundente. En donde hay una ley de extinción de dominio más activa, como en el Distrito Federal, ya se ha empezado a trabajar en esta inversión. Por ejemplo, ya ha habido incautaciones de hoteles y bienes para entregárselos a organizaciones no gubernamentales y fundaciones que hacen trabajo social en materia de trata de personas o albergues para víctimas.

—¿Ustedes, en la ONU, hicieron recomendaciones en su momento o advirtieron sobre el problema que representa el lavado de dinero en México?

—Nosotros no. El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) hizo recomendaciones hace dos años para la elaboración de algunas leyes en el Congreso de la Unión relacionadas con este problema. Pero una cosa es el marco legal, otra es la implementación y otro asunto es desarrollar las actividades preventivas para evitar el lavado de activo. Hay que fortalecer las actividades investigativas que puedan facilitar la identificación de nuevas formas de lavado de activos financieros.

—¿Tienen información de cuánto dinero se lava en México?

—No tenemos informaciones tan específicas, y no nos atrevemos a hacer estimaciones de ese tipo porque cuando se lava dinero no es proveniente de una sola actividad criminal, sino de varias: corrupción y evasión fiscal, por citar dos más.

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Desde que llegó al país como jefe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para México, Centroamérica y el Caribe, Mazzitelli ha insistido en que para atacar seriamente al crimen organizado, una de las claves es destruir su flujo de capitales, algo a lo que no se ha puesto mucha atención en México.

—Usted dice que una forma de frenar al crimen organizado es pegándole al flujo de su dinero. ¿Se ha hecho eso en México?

—Hay mucho más que hacer y no sólo en México, sino en todo el mundo. Insisto: sólo se incauta el 1 por ciento del dinero sucio y si preguntas si esto es suficiente, a mí no me parece.

—¿Las casas de cambio son otro sitio donde se lava dinero fácilmente?

—En 2010 México implementó una serie de medidas restrictivas en el manejo de dinero en efectivo y esto ha producido resultados, porque hubo una disminución de lo que son las transferencias y operaciones en efectivo, sobre todo en dólares. Pero el manejo en efectivo es una más de las vías que se utilizan para lavar.

—Directivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores han dicho que la banca en México está blindada contra el lavado de dinero. ¿Usted cree que así sea?

—No me puedo pronunciar sobre eso. Lo que puedo decir es que desde hace algunos meses hemos entablado un diálogo con las instituciones financieras mexicanas, en particular con las comisiones de bancos, para fortalecer su respuesta operativa contra el lavado.

Muy recientemente —continúa el diplomático de la ONU— Estados Unidos identificó otra metodología para lavar dinero: el cambio de cheques en distintos lugares, y aún hay mucho trabajo por hacer en el sector inmobiliario, otro blanco. El dinero no es lavado sólo a través de los bancos. En muchos casos ellos reciben dinero que aparentemente ya está limpio o parece limpio, pero la actividad de lavado se hizo antes mediante actividades disfrazadas.

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Después de comentar lo ocurrido con HSBC, uno de los bancos más grandes del mundo, Antonio Luigi Mazzitelli guarda silencio, como organizando sus ideas. Finalmente suelta, contundente: “No basta con pedir disculpas. El dinero que se ha lavado en HSBC ha generado violencia y muertes en todo el país”.

Por eso, lo más justo sería que si este grupo financiero ha sido corresponsable, haga un esfuerzo para contribuir a reparar el daño real que su negligencia ha causado, dice.

“Si a estas disculpas se pudiera sumar también una contribución financiera para lo que es la asistencia a las víctimas de la tragedia que México está viviendo por los mercados criminales, sería mucho más constructivo que las disculpas”.

Y explica de modo sencillo la justificación legal de esta propuesta: en derecho, las víctimas o quien es perjudicado por la negligencia de otro tiene derecho a una indemnización.

Aunque que no hay un nexo directo entre el banco y el crimen organizado, una institución financiera tan poderosa, que “se ha beneficiado durante muchos años por esta falta de controles, podría ser mucho más constructiva en vez de presentar disculpas nada más”, concluye Mazzitelli. ¶

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