La corrupción vulnera al EMP

El Departamento de Justicia de EU alerta:

La corrupción vulnera al Estado Mayor Presidencial

 

El Departamento de Justicia de EU mandó en 2011 una nota diplomática a las autoridades mexicanas para alertarlas: el Estado Mayor Presidencial, la élite militar encargada de cuidar la integridad personal del Presidente de la República y de su familia, ha sido penetrada por la corrupción.

Tres de sus integrantes, incluido un general, recibieron más de 16 millones de pesos de BizJet, una empresa estadunidense, a cambio de otorgarle contratos para proporcionar servicios de mantenimiento a la flota aérea de Los Pinos y de la Policía Federal.

La empresa se declaró culpable en una corte de Oklahoma, pagó una multa de más de 11 millones de dólares y reveló los nombres de los militares involucrados, así como de integrantes de la Policía Federal que presuntamente recibieron los millonarios sobornos.

.

Redacción  / emeequis

El círculo de máxima seguridad del presidente Felipe Calderón fue vulnerado: un general y otros militares integrantes del Estado Mayor Presidencial (EMP), el cuerpo de élite encargado de resguardar la integridad del jefe del Ejecutivo y su familia, están involucrados en un caso de corrupción revelado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Se trata de una investigación de altos vuelos, no sólo porque involucra a militares de alto rango, sino porque la flota aérea presidencial fue comprometida debido a la corrupción en la que los implicados recibieron sobornos millonarios.

El general Crisanto García y el coronel Flavio León, así como el piloto aviador José Tlalonini, están identificados por el gobierno de Estados Unidos como las personas que recibieron más de un millón 276 mil dólares (más de 16 millones de pesos) en sobornos por parte de la empresa estadunidense BizJet International Sales and Support, a cambio de que intervinieran para conseguir contratos de servicio y mantenimiento de la flota aérea presidencial.

El Departamento de Justicia de EU alertó por medio de una nota diplomática a las autoridades mexicanas de los hallazgos y le comunicó a la Procuraduría General de la República (PGR) que pronto iniciaría un juicio contra la compañía BizJet, que accedió a confesar su culpabilidad a cambio de que no se presentaran cargos penales al menos durante tres años, al término de los cuales las autoridades evaluarán si cesaron sus prácticas corruptas.

Los militares denunciados han sido cobijados por los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón, quienes hicieron de la lucha contra la corrupción heredada de los gobiernos priistas una de sus prioridades declaradas.

Pero según la información enviada por el Departamento de Justicia, de la que emeequis tiene copia, precisamente durante los dos gobiernos panistas es cuando se produjeron los hechos de corrupción en Los Pinos: entre 2004 y 2009 los militares recibieron los sobornos a través de una firma fantasma que triangulaba el dinero de BizJet.

Esta compañía, afincada en Tulsa, Oklahoma, tiene un historial polémico: acumula decenas de juicios por violar la Ley para Prevenir Prácticas de Corrupción en el Extranjero; ello no impidió que el Estado Mayor Presidencial le confiara el mantenimiento y la seguridad de los aviones en los que viaja el Presidente.

Pero la investigación estadunidense rebasa al cuerpo de élite del Ejército Mexicano. La red de corrupción de BizJet se tendió también sobre las flotas aéreas de la Policía Federal y de los gobiernos de Sonora y Sinaloa.

Los señalamientos hechos por los fiscales del Departamento de Justicia son idénticos: funcionarios de alto nivel de la Policía Federal y de esos dos gobiernos estatales recibieron sobornos millonarios a cambio de otorgar contratos a BizJet, compañía en cuya propiedad participa el gigante alemán Lufthansa AG a través de una filial.

La empresa incluso se dio el lujo de otorgar un servicio de bajísima calidad en México y puso en riesgo la operación de diversas aeronaves utilizadas en el combate al crimen organizado, de acuerdo con documentos internos de la corporación policiaca.

Y aunque la información oficial disponible en los portales de transparencia es parcial e incompleta, lo que sí es posible demostrar es que aunque Bizjet entregó más de 2 millones de dólares en lo que denomina “comisiones” o “incentivos” a los funcionarios mexicanos, éstos habrían retribuido las atenciones y le otorgaron contratos por una cifra calculada muy conservadoramente en al menos 60 millones de pesos.

$$$

A pesar de que la acusación del Departamento de Justicia de EU se basa en varios testimonios directos de ejecutivos de BizJet implicados en el pago de sobornos, en territorio mexicano los avances en la investigación de la PGR han estado marcados por la lentitud.

Y, de hecho, podría ocurrir que no se finque responsabilidad alguna a los militares señalados por las autoridades de Estados Unidos, pues funcionarios de la PGR han comentado informalmente que no se tienen elementos sólidos para proceder en su contra.

Se partió, comenta el investigador Raúl Benítez Manaut, como muchas veces hacen las investigaciones judiciales mexicanas, de “presuntos culpables”. O sea, la “parte mexicana, sin hacer ninguna indagación de fuente propia, los culpabilizó desde el inicio”.

Benítez Manaut, presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, grupo dedicado a la investigación y análisis de temas de seguridad nacional, está familiarizado con lo que ocurre dentro de la PGR en este caso.

“Los acusados pidieron que la procuraduría acudiera a EU a investigar dichos testimonios, dados por un ex empleado de BizJet que nunca hizo declaración jurada, pues está prófugo. Así, la PGR no puede corroborar la información que le proporcionaron en el Departamento de Justicia”.

El general Crisanto, dice Benítez Manaut, accedió a que se abrieran sus cuentas bancarias y las de su familia.

Por eso es que sigue en activo, porque la PGR no encontró evidencias en ellas de las cantidades que se alega haber entregado como soborno.

A juicio del especialista, los testimonios son “pruebas muy endebles” de la presunta corrupción. “Dado que la PGR no puede continuar ‘culpabilizando’ a los mencionados, está a punto de otorgar la carta de no culpabilidad a los miembros del Estado Mayor Presidencial”.

La PGR no respondió a los múltiples requerimientos de información que se le hicieron.

$$$

No se conocen el mes ni el día exactos, pero la nota diplomática del Departamento de Justicia de EU llegó a las oficinas de la PGR en algún momento de 2011.

El documento, marcado con el sello de confidencial, advertía a la letra: “El Departamento de Justicia presentará una querella penal contra la empresa BizJet International por haberse unido en asociación delictuosa para violar el Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero” (FCPA, por sus siglas en inglés), en complicidad con funcionarios de diferentes niveles de gobierno en México.

La ley estadunidense es clara: si una empresa establecida en aquel país comete un acto de corrupción fuera de su territorio, es como si lo cometiera dentro de EU y ahí se le juzgará.

Durante varios meses la investigación se mantuvo en secreto entre ambos gobiernos.

El escándalo se destapó el pasado 14 de marzo. Ese día los representantes legales de BizJet admitieron ante una corte federal con sede en el estado de Oklahoma ser culpables de haber pagado sobornos a funcionarios mexicanos.

La empresa llegó a un acuerdo con los fiscales: pagaría una multa de 11.8 millones de dólares, colaboraría con las autoridades y se sometería a un periodo de prueba de tres años, según quedó registrado en el expediente público del caso difundido en Estados Unidos.

En México, el acuerdo de la justicia de EU con BizJet sirvió para hacer pública las transacciones corruptas. El 15 de marzo los diarios nacionales reprodujeron las generalidades del caso: altos mandos militares, de la Policía Federal y de los gobiernos de Sinaloa y Sonora recibieron sobornos. Pero los nombres, los cargos y el monto del dinero que se les entregó no fueron difundidos.

Aquel 14 de marzo, mientras se destapaba el caso de BizJet, el presidente Felipe Calderón viajó en uno de los aviones presidenciales a Cozumel, Quintana Roo, donde habló sobre lo que sentía al cumplir sus compromisos: “Hay muchas cosas bonitas de ser presidente de la República, pero de las más bonitas es entregar cosas que se prometen, cuando se cumplen. Esa es la mayor satisfacción que hay, la del deber cumplido”.

Ante la difusión de la noticia desde Washington, la PGR y la vocera presidencial, Alejandra Sota, tuvieron que admitir la existencia de las investigaciones en curso.

“Dado que es una investigación en curso, tanto por parte de la PGR como por parte de la Secretaría de la Función Pública, no es posible revelar esa información a detalle… Pero resaltamos, pues, que la autoridad federal ha dado a conocer este caso de inmediato, en el momento en que se dio a conocer por parte del Departamento de Justicia y hemos estado en plena y estrecha colaboración”, declaró la vocera presidencial.

“De inmediato”, dijo Sota, pero sus palabras no correspondieron a la realidad, porque el gobierno mexicano había sido informado del caso BizJet desde 2011 y lo mantuvo con el perfil más bajo durante meses.

De acuerdo con el expediente al que tuvo acceso emeequis, tras recibir la nota diplomática la PGR hizo un acta circunstanciada, equivalente a una fe de hechos, en la que simplemente se dejó constancia de los actos denunciados por el gobierno de Estados Unidos.

Fue hasta 2012 que el caso se elevó a rango de averiguación previa, a cargo de la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal, conocida comúnmente como la fiscalía anticorrupción.

Hasta ahora el expediente no ha sido consignado a ningún juzgado, no se han girado órdenes de aprehensión ni hay funcionarios destituidos.

En cambio, algunos de los implicados han recurrido al Poder Judicial de la Federación para buscar la protección de los amparos.

$$$

Son cuatro hojas entre cientos de documentos oficiales. Pero su reducido número no implica que sean irrelevantes. Son, de hecho, el punto medular de la investigación que se inició en Estados Unidos y que en México han continuado la PGR y la SFP bajo la más estricta confidencialidad.

Se advierte: “Este documento contiene información delicada referente a un asunto de procuración de justicia”.

La leyenda aparece en la parte superior de la primera hoja y se repite en las tres subsecuentes. Está escrita en mayúsculas.

Un renglón más abajo, aparece otro señalamiento: “No distribuir o revelar sin la autorización del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América”.

La frase también aparece escrita en letras mayúsculas. Y la anotación se repite, de igual modo, en las tres hojas restantes.

Dos sellos de la PGR, en colores negro y púrpura, rematan la validez de cada una de las fojas que integran el documento.

¿Qué historia cuentan estos papeles? Se trata de la traducción del idioma inglés al español de la nota diplomática que envió el Departamento de Justicia estadunidense, en la que se advierte a las autoridades nacionales de los actos de corrupción de BizJet.

El expediente que integra la fiscalía aclara que el informe confidencial fue enviado por “el agregado legal adjunto del Departamento de Justicia de la Embajada de los Estados Unidos en México, Thomas Ratcliffe”, y entregado a la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la PGR.

La traducción contiene un bosquejo general del caso, proporciona un breve perfil de BizJet y, lo más relevante, enlista los nombres de los funcionarios mexicanos implicados en los presuntos actos de corrupción, junto con las cantidades que, se presume, cada uno recibió en sobornos, de acuerdo con los testimonios del personal de la empresa del ramo aeronáutico.

La forma de operación fue detallada en la nota diplomática: BizJet consumaba los pagos casi siempre enviando el dinero a través de una firma fantasma, afincada en la ciudad de Van Nuys, California, que se encontraba registrada a nombre de un ex empleado de la compañía.

“BizJet transfería el dinero a la empresa fantasma y, entonces, el empleado expedía unos cheques o retiraba el efectivo para que fuera entregado a los funcionarios involucrados”, se lee en la nota diplomática.

Es en la tercera hoja del informe confidencial en la que se proporcionan los nombres de los seis funcionarios implicados en presuntos actos de corrupción con la compañía estadunidense, seguidos de sus cargos o las áreas a los que estaban adscritos:

• José Tlalonini –piloto de Presidencia.
• General Crisantos (sic) –director de Finanzas de la flotilla de Presidencia.
• Flavio León –empleado de la flotilla de Presidencia.
• Cap. Eduardo Laris –Policía Federal.
• Cap. Manuel Rojas –flotilla del gobernador de Sonora.
• Mauricio Camarena –flotilla del gobernador de Sinaloa.

En conjunto, los seis funcionarios son investigados por presuntamente haber recibido más de 2.1 millones de dólares por parte de BizJet.

$$$

En las 12 páginas de las que consta el expediente del caso, radicado en la corte federal de Oklahoma, se hace un desglose detallado de la participación de al menos tres empleados y el gerente de ventas de BizJet a la hora de contactar y sobornar a los funcionarios mexicanos, de quienes no se proporciona su nombre, pero de los que se da su cargo y lugar de trabajo y se les denomina “oficiales” del 1 al 6.

El “oficial 1” es identificado como un capitán de la Policía Federal, mientras que los oficiales 2 y 3 son catalogados como militares que, en ese tiempo, tenían el grado de coronel y capitán del Estado Mayor Presidencial, respectivamente, además del “oficial 4”, descrito como un empleado de la flota aérea de Los Pinos, quienes corresponden a los hoy general Crisanto García, coronel Flavio León y piloto aviador José Tlalonini.

El expediente explica que el 28 de septiembre de 2006 un empleado de BizJet envió un email a un ejecutivo de la empresa advirtiendo que el “oficial 2”, del Estado Mayor Presidencial, lo llamó para preguntarle sobre su comisión. El 9 de noviembre de ese año los ejecutivos de la empresa intercambiaron comunicaciones para resolver un pago de 2 mil dólares al “oficial 3”.

Los pagos, de acuerdo con el expediente judicial, se hacían de manera recurrente y en diferentes meses.

Para el 30 de octubre de 2007 los tres ejecutivos de BizJet discutieron vía correo electrónico sobre una transferencia de 30 mil dólares que se debía hacer a favor del entonces coronel del Estado Mayor Presidencial.

BizJet hizo la transferencia a la firma fantasma montada por el gerente de ventas de la compañía aérea un día después, el 31 de ese mes. “Por favor toma nota de que los $30 mil han sido enviados. Por favor confirma que lo recibiste. Gracias”, se lee en un correo enviado por un ejecutivo de Bizjet al gerente de ventas.

Los documentos de la Corte señalan que el “oficial 4” recibió el 1 de diciembre de 2008 la cantidad de 50 mil dólares y el 7 de abril de 2009 le fueron entregados otros 40 mil dólares, en retribución por haber ayudado a que BizJet obtuviera los contratos de mantenimiento con la flota aérea presidencial.

En 2009, los funcionarios de la Policía Federal también fueron retribuidos por BizJet. El informe enlista que al menos el 6 de abril fueron entregados 176 mil dólares para agradecer su apoyo en que el contrato con BizJet se concretara.

Para el 15 de octubre del mismo año, otros 210 mil dólares fueron transferidos a personal de la Policía Federal por parte de la empresa estadunidense.

$$$

En la nota diplomática del Departamento de Justicia el general aparece únicamente como “Crisantos”, pero a lo largo del expediente de la PGR su nombre se repite en numerosas ocasiones: general Crisanto García, un militar que ha sido cobijado por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Cuando Fox gobernó el país en el periodo 2000-2006, García contaba con el grado de coronel de artillería diplomado del Estado Mayor Presidencial y ocupó un cargo que lo coloca en la mira de la investigación judicial en su contra: fue titular de la Dirección General de Administración, de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, es decir, la flota aérea presidencial.

García siguió ascendiendo en el escalafón castrense. Cuando Felipe Calderón llegó a Los Pinos el general ya había adquirido ese rango.

Actualmente, es el subjefe de Logística del Estado Mayor Presidencial.

En las investigaciones del Departamento de Justicia de EU, los sobornos pagados por BizJet representan, sin duda, una fisura en el círculo de mayor seguridad que rodea a la figura del Presidente mexicano y su familia.

Flavio León, otro de los investigados, ha recibido el grado de teniente coronel de la Fuerza Aérea Mexicana, especialista en mantenimiento de aviación.

También fue arropado por el gobierno de Fox, pues fue designado como director técnico de mantenimiento en la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, el área en la cual los funcionarios de BizJet admitieron haber entregado sobornos.

El cargo que Flavio León actualmente desempeña no se ha hecho público ni aparece en la información disponible del sitio de internet del Estado Mayor Presidencial. Tampoco existen datos sobre el piloto aviador José Tlalonini.

Según la nota diplomática enviada por el gobierno estadunidense, los tres militares habrían recibido, en conjunto, un millón 284 mil 700 dólares.

Tlalonini recibió presuntamente la menor parte: apenas 8 mil 200 dólares, mientras que García y León se habrían distribuido la mayor tajada del soborno.

El documento dice textualmente: “La evidencia sugiere que BizJet transfirió $1’276,500 dólares a la empresa fantasma para que, a su vez, ésta los entregara a los funcionarios de la flotilla de Presidencia”.

Los encargados de redactar la nota oficial siguieron enlistando a los funcionarios mexicanos que, según la acusación penal presentada ante la corte de Oklahoma, colaboraron con la empresa y cómo fueron puntualmente gratificados por amañar la entrega de contratos.

El caso del capitán Eduardo Laris McGregor, actual titular de la Coordinación de Transportes Aéreos de la Policía Federal, es especial. Hasta ahora es el único de los funcionarios que han recurrido ante la justicia federal para tramitar un amparo.

¿La razón? La PGR embargó cuatro de sus cuentas bancarias, abiertas en Santander Serfín, BBVA Bancomer y el Banco Mercantil del Norte, con el objetivo de detectar depósitos anormales distintos a su salario. Aunque solicitó un amparo ante el Juzgado 10 de Distrito para descongelarlas y poder tener acceso a sus recursos, el juez rechazó protegerlo.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadunidense, Laris McGregor presuntamente recibió más de medio millón de dólares en sobornos. “La evidencia sugiere que BizJet transfirió 689 mil dólares a una empresa fantasma para que ésta, a su vez, los entregara a los funcionarios de la Policía Federal”.

El 14 de marzo, el mismo día que BizJet se declaró culpable en la corte de EU, la PGR notificó por primera vez a Laris McGregor sobre la investigación en su contra.

En su declaración, el funcionario marcó distancia: él sólo fue una autoridad requirente de los servicios de BizJet, mas no el encargado de la contratación.

Como parte de sus obligaciones, Laris McGregor realizó al menos siete viajes oficiales durante 2008 a Tulsa, Oklahoma, sede de las oficinas centrales de BizJet.

A la par de la investigación judicial en su contra, Laris McGregor arrastra una sanción administrativa aparentemente ligada al caso de BizJet: el 13 de marzo, un día antes de que fuera notificado por la PGR y se destapara el caso en Washington, la Secretaría de la Función Pública le notificó que había sido suspendido de su cargo en la Policía Federal.

¿El motivo? Una investigación abierta en su contra desde 2010, aunque no se especifica la causa.

La Secretaría justificó la suspensión con el argumento, de que se tenían registradas “presuntas irregularidades administrativas en los contratos de prestación de servicios, mantenimiento, reparación y revisión general de aeronaves de la flotilla de la Policía Federal, así como presuntos actos de corrupción atribuibles a servidores públicos adscritos a la Coordinación de Operaciones Aéreas”.

Y aunque el señalamiento coincide con la investigación en torno a BizJet, no proporciona más detalles.

La suspensión resultó irrisoria: sólo duró un día. Para el 15 de marzo, la Secretaría de la Función Pública emitió un “Acuerdo de Cese de Suspensión” y notificó a Laris McGregor que podía reintegrarse a su cargo. El documento fue firmado por Jean Paul Aguilera Reynaud, titular del Órgano Interno de Control en la Policía Federal de la SFP.

Laris McGregor continúa trabajando con normalidad: por la mañana sale de su domicilio en Jardines del Pedregal y se dirige a su oficina en el hangar de la Policía Federal.

$$$

BizJet no sólo corrompió a funcionarios mexicanos, también puso en riesgo la operación de helicópteros y aeronaves de la Policía Federal con los que se combate al crimen organizado.

Documentos internos de la corporación policiaca exhiben que durante 2010 y 2011 se reclamó a la empresa por los problemas técnicos derivados de su servicio de baja calidad.

La primera anomalía documentada ocurrió en agosto de 2010. La aeronave Grumman G-II, matrícula XC-PFT, y la flota de helicópteros modelo S-70A, no podían operar debido a que presentaban “serias afectaciones” y era imposible definir si eran atribuibles a los equipos o a los servicios dados por BizJet.

Aunque la Policía Federal citó en tres ocasiones a los representantes de BizJet para resolver las inconsistencias, nunca se presentaron. Y esa fue la constante de la compañía estadunidense: ignorar los llamados.

Una más. La policía suscribió en 2009 el contrato 038 para que BizJet proporcionara mantenimiento a cinco helicópteros marca Sikorsky. Dos años más tarde, en 2011, la empresa mostró retrasos en la instalación del equipo especializado en navegación aérea conocido como Euronav V Map System. El error hizo imposible que pudieran operar de forma segura.

La Policía Federal decidió sancionar a la empresa. Aunque se calculó una sanción por un millón 870 mil 304 dólares, ésta se rechazó porque rebasaba la fianza establecida en el contrato.

Durante cuatro meses fueron y vinieron oficios entre las áreas internas de la Policía Federal a fin de acordar la sanción, y fue hasta el 20 de junio de 2011 que se confirmó la imposición de una multa por 518 mil dólares.

No hay registro que permita confirmar si Bizjet pagó la multa, cuyo monto es menos de una cuarta parte de los sobornos que, según la propia empresa y el Departamento de Justicia, se entregaron a funcionarios federales y estatales en México.

$$$

A pesar de que en los oficios internos se hace referencia constante a él, ni en las bases de datos del Ifai ni en el portal Compranet —en el cual se concentran las compras y contratos del gobierno federal— aparece información sobre la existencia del contrato 038, suscrito en 2009 por la Policía Federal con BizJet.

Los datos recabados en los portales de transparencia señalan que la Policía Federal suscribió con BizJet al menos 10 contratos entre 2007 y 2009. De años anteriores no hay registro de documentos y tampoco se han localizado los contratos con el Estado Mayor Presidencial.

Los pagos que entregó la Policía Federal se estiman en al menos 57 millones de pesos y todos los contratos fueron establecidos por medio de adjudicaciones directas en favor de BizJet.

Entre esta decena de contratos no aparece el etiquetado con el número 038, correspondiente a 2009, al cual se hace referencia en los documentos internos de la Policía Federal y con los cuáles se ha documentado que BizJet puso en riesgo la operación de las aeronaves.

Sin embargo, la Policía Federal ha confirmado su existencia. A través de una respuesta de acceso a información pública, la corporación informó que el contrato 038 se encuentra bajo reserva, según la resolución de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

La corporación determinó reservar el contrato con BizJet con el argumento de, de hacerlo público, “se comprometerían las acciones o estrategias contra la delincuencia organizada, así como para combatir la comisión de un delito, por lo que pondría en peligro la seguridad pública y nacional”. ¶

.