Los que lucran con la ineficiencia – Por Alejandro Calvillo

  El Poder del Consumidor en emeequis

 Los que lucran con la ineficiencia

 Por Alejandro Calvillo *

Hace unos días la industria automotriz en México lanzó un grito de alarma, estridente y desproporcionado, al afirmar que la norma de eficiencia vehicular en vías de aprobación “incrementará el precio de los automóviles de 35 mil a 200 mil pesos”. Este esfuerzo por desinformar a los mexicanos es la culminación de lo que ese sector ha venido haciendo durante los últimos años: ha asegurado, en foros públicos y en conversaciones privadas con autoridades, que promover la eficiencia automotriz es un peligro para México.

Representado por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), este sector ha pasado de la presión política al chantaje y la mentira.

Estimaciones de costos, realizadas por el Centro de Transporte Sustentable con la metodología de la Agencia de Protección Ambiental estadunidense, indican que sí habría un incremento en el costo por vehículo, pero éste no sería mayor de 800 dólares (alrededor de 10 mil pesos). Y nada indica que este monto tenga que ser pagado forzosamente por el comprador.

Es más probable que la industria deba sacrificar una parte del sobreprecio que le impone al comprador mexicano a través de accesorios no solicitados. El análisis del Centro Mario Molina indica que el consumidor mexicano paga 26 por ciento sobre el precio base de cada vehículo. Esto es, mientras en otros países el comprador decide si quiere su auto austero o pide que se agreguen algunos elementos, en México no hay consulta y éstos son añadidos al vehículo, aumentando el precio para beneplácito de las casas matrices de las armadoras.

Este no es un dato menor. Significa que quien compra un automóvil de 140 mil pesos podría estar pagando más de 30 mil pesos por accesorios no solicitados; pero si es de 400 mil pesos, el sobreprecio es de alrededor de 100 mil pesos. A mayor costo del vehículo, mayor margen de ganancia. De ahí que nueve de cada 10 anuncios publicitarios promuevan los vehículos más caros: autos de lujo y camionetas pick up y SUV.

Otro aspecto fundamental, y que es el centro de la inquietud de la industria, es que los vehículos más caros tienen un bajo rendimiento en kilómetros por litro de combustible. Esto repercute en lo que el automovilista desembolsa cada año en compra de gasolina. En un auto de bajo rendimiento, el gasto anual asciende hasta 40 mil pesos; en cambio, un vehículo que rinde más de 17 kilómetros por litro tendrá uno por debajo de 10 mil pesos.

Esta ventaja del alto rendimiento se convertiría en una regla con la norma de eficiencia vehicular. De hecho, se estima que dicha norma permitirá al comprador de autos eficientes ahorrar 46 mil pesos durante la vida útil del vehículo. Esto significa el final de la fiesta de la desregulación para la industria automotriz, con lo que ésta se vería obligada a vender automóviles cada vez más eficientes, restringiendo el amplio margen especulativo de la comercialización de los vehículos. Sobre todo, forzaría a las armadoras a competir realmente, ofreciendo mejores vehículos, lo que actualmente no hacen en México.

La AMIA dice que la norma de eficiencia pondría en riesgo al mercado mexicano, pero en realidad lo fortalecería. Europa y Japón, los dos mercados más avanzados en materia de eficiencia, han demostrado durante más de una década que una estrategia clara en mejora de rendimiento y reducción de emisiones contaminantes permite a las armadoras y a los consumidores perfilar una nueva dimensión del mercado.

El resultado es que el mercado europeo y el nipón están entre los más vigorosos del mundo (en producción y consumo), y tienen un promedio de eficiencia de los autos nuevos que supera en 40 por ciento a su inmediato seguidor, China, y en 60 por ciento al mercado estadunidense.

Los gobiernos que han desarrollado normas de eficiencia automotriz han buscado una meta principal: elevar la competitividad. Y en efecto, donde no existe esta norma –como ha sido el caso de México– el mercado automotriz se desarrolla de manera caótica, con una influencia perniciosa de la mercadotecnia.

Otra deformación típica de un mercado desregulado se observa a mediados de año, con la promoción de autos “del año”. Lo que se busca es reducir inventarios no sólo nacionales sino globales. Las armadoras desplazan los sobrantes de sus flotas ineficientes hacia mercados carentes de una norma de eficiencia vehicular. Por ejemplo, en el segundo semestre de 2010, Ford solicitó un crédito del EximBank estadunidense para exportar hacia México una remesa de 200 mil vehículos medianos y pesados que sabía que no lograría vender en Estados Unidos.

Esta situación, por un lado, condena a los mercados no regulados a padecer problemas crecientes de contaminación, con los consecuentes daños a la salud. Por otro lado, vulnera la economía local, ya que propicia un incremento constante en la importación de gasolinas, como ha ocurrido en nuestro país. Según datos de Pemex, México incrementó 400 por ciento el gasto en este rubro entre 2005 y 2009, recursos que han limitado la inversión en programas de beneficio social.

En contraparte, estimaciones del Instituto Nacional de Ecología indican que el establecimiento de una norma de eficiencia vehicular permitiría reducir en 28 por ciento las importaciones de gasolinas, un porcentaje superior al que se conseguirá con la construcción de una nueva refinería. Es por ello, y por el ínfimo gasto que representaría su puesta en marcha, que esta normatividad es la medida con mejor costo-beneficio para disminuir emisiones contaminantes.

La AMIA lo sabe, pero está decidida a defender su nicho de ganancias. No defiende a la industria instalada en México (pues la mayor parte de su producción es exportada), no defiende el empleo (el ITDP reporta que en Estados Unidos se produjo un aumento de 155 mil fuentes de trabajo al poner en vigor una norma de eficiencia), no defiende el mercado mexicano, que en el último bienio se ha orientado hacia los vehículos más eficientes mientras la mercadotecnia empuja en sentido opuesto.

Lo que la AMIA defiende es el alto margen de ganancias que reporta un mercado desregulado, donde las finanzas públicas y las billeteras de los consumidores subsidian la producción más ineficiente de la industria automotriz.

Y no faltarán funcionarios de la Secretaría de Economía que antepongan los intereses de las empresas armadoras a los de la nación. La AMIA lo sabe, por eso ejerce con toda su fuerza la presión política y financiera, intentando aplicar el refrán: “El que no llora, no mama”, aunque tenga que convertir al mercado mexicano y a las finanzas públicas en una nodriza famélica.

Director de El Poder del Consumidor

(con la colaboración de Gerardo Moncada)