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Por Raúl Trejo Delarbre
Durante las semanas recientes Veracruz recibió una inusitada promoción internacional. Aparecieron notas, entre muchos otros medios, en Los Angeles Times, el Miami Herald, Fox News y la CNN en Estados Unidos; en el canadiense Vancouver Sun, el británico The Guardian y en la BBC, en el parisino Le Figaro y hasta en el distante Times of India. Todas las notas se referían a la decisión del gobierno veracruzano de promover el encarcelamiento de dos twitteros que propalaron informaciones falsas.
Los “twitteros terroristas” —o tuiteros, como también se escribe— se convirtieron en tema relevante en internet. Esa frase alcanzaba 27 mil 800 menciones el martes pasado, 13 de septiembre, de acuerdo con Google. Los nombres “María de Jesús Bravo Pagola” y “Gilberto Martínez Vera” eran mencionados, respectivamente, en 191 mil y 200 mil páginas en la red. Esos son los nombres de los usuarios de Twitter y Facebook encarcelados por divulgar rumores acerca de presuntos hechos de violencia en Veracruz. Poco después de que, alrededor del 25 de agosto, @MARUCHIBRAVO y @gilius_22 colocaron y reenviaron mensajes cuya veracidad no se comprobó, el gobierno de Javier Duarte los aprehendió y consignó.
Con inusual presteza, una juez de distrito los encontró responsables de “terrorismo”, “sabotaje” y “delitos contra la seguridad del estado”. Esas faltas podrían significar penas de hasta 30 años de cárcel. Célebres gracias al disparate del gobernador Duarte, los “twitteros terroristas” ganaron la solidaridad de otros usuarios de las redes sociales. Su caso le ha dado la vuelta al mundo como muestra de intolerancia y bobería del poder político.
El gobierno de Veracruz insistió en que Bravo y Martínez delinquieron al comunicar informaciones alarmistas que, cuando fueron reenviadas por otros usuarios de Twitter y Facebook, sobresaltaron a mucha gente en Veracruz y Boca del Río. Uno de esos mensajes aseguraba que hubo una balacera en una escuela y, naturalmente, los padres de familia corrieron a buscar a sus hijos. Ese incidente, por fortuna, no había sucedido.
Tales rumores fueron verosímiles porque en los meses recientes la violencia ha crecido de manera notoria y alarmante en Veracruz. Eso es lo que tendría que inquietar al gobernador veracruzano y a sus colaboradores en vez de perseguir a quienes difundieron noticias equivocadas.
Duarte y su locuaz secretario de gobierno, Gerardo Buganza, consideran que esos twitteros cometieron “perturbación del orden público”. La obligación de los funcionarios era aclarar los rumores. En lugar de ello, castigaron a algunos de quienes los propalaron, con un encono que no han tenido para perseguir y sancionar a muchos de los auténticos delincuentes.
El encarcelamiento de Bravo y Martínez es inquietante porque es resultado de la resistencia de algunosgobernantes a la difusión de informaciones que les molestan.
Diversos gobiernos en el mundo han cuestionado la difusión en internet de mensajes que les desagradan, pero muy pocos se han animado a encarcelar a sus autores. Al consignar a esos twitteros, el gobierno de Duarte se emparentó con actitudes que han singularizado a los regímenes en Birmania, China y Bielorrusia.
La reacción internacional alarmó de tal manera a las autoridades de Veracruz que, para salir del atolladero, prepararon una iniciativa de ley que reduce la penalización de los delitos supuestamente cometidos por María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez. Se esperaba que con esa reforma alcanzarían fianza y saldrían de la cárcel.
Pero aun libres, sería discutible que las informaciones falsas constituyan acciones de terrorismo y sabotaje.No lo son, desde luego. En cambio, las sanciones promovidas por el gobernador Duarte infringen la libertad de expresión.
Los ciudadanos tenemos derecho a equivocarnos e, incluso, a decir mentiras. Si todos los que difunden versiones falsas van a ser encarcelados, los penales en Veracruz estarán colmados de periodistas y directivos de medios.
Las reformas propuestas para liberar a Bravo y Martínez determinan penas menores a las que ahora hay en Veracruz para terrorismo y sabotaje. Pero son una nueva amenaza para todos los periodistas y espacios de comunicación al establecer en el Código Penal que habrá “perturbación del orden público” cuando se difundan, en cualquier medio, informaciones falsas acerca de existencia de explosivos, ataques con armas de fuego o con sustancias que dañen la salud. El pensamiento único que se promueve en Veracruz comienza a ser la envidia de otros políticos de talante autoritario. ¶
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