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Guerrero: opacidad en sanciones hacia policías

Los registros de transparencia sobre las sanciones aplicadas contra policías muestran desorganización, falta de información con respecto a los motivos de castigo y los detalles de la conclusión de las indagatorias, y hasta vacíos entre los años 2018 y 2019

2 / 23 / 24

EMEEQUIS.- Los policías son una parte fundamental del engranaje del Estado para mantener en orden una comunidad. ¿Pero qué pasa cuando los elementos que deberían proteger a las personas cometen faltas contra su juramento como servidores públicos? 

El estado de Guerrero se ha convertido en un caldo de cultivo para los policías sancionados; un tema que afecta a las corporaciones que, irónicamente, tienen que enfrentarse todos los días a las filas del crimen organizado: al Cártel de Jalisco Nueva Generación, Los Tlacos y La Familia Michoacana.

A través de transparencia, EMEEQUIS se dio a la tarea de buscar a funcionarios públicos sancionados durante el breve periodo en el que Evelyn Salgado ha estado al frente del estado. Se encontraron 362 policías procesados de 2021 a 2023, que es el periodo en el que la gobernadora ha estado al frente de su estado. 

En 2021 (que incluye parte del final del sexenio de Héctor Astudillo Flores y las elecciones estatales) se sancionaron a 128 policías; este número aumentó al siguiente año: en 2022 llegó a 214, desde policías auxiliares a guardias penitenciarios. 

En el 2023 sólo se han registrado 20 funcionarios sancionados, aunque esto puede cambiar una vez que se cierren carpetas de procesos sancionatorios. 

Resalta que en transparencia existe un vacío entre 2018 y 2019 respecto a uniformados castigados. En 2017, según los registros públicos, sólo se sancionó a tres policías preventivos. 

De 2017 a 2023, 450 agentes cometieron faltas administrativas; 11 tuvieron “amonestaciones privadas”; cinco fueron destituidos; de 14 no hay datos; ocho fueron suspendidos; y 17 tienen su información totalmente en blanco, aunque existe constancia de sus nombres. 

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La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero es la más sancionada con 465 elementos castigados. El Instituto de la Policía Auxiliar de Guerrero tiene 14 sancionados; la Fiscalía General del estado tiene 21; el Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort tiene dos; y el Ayuntamiento de Eduardo Neri tiene tres. 

Cabe destacar que durante el gobierno de Evelyn Salgado, no se ha destituido a ningún policía por colusión con grupos del crimen organizado, según consta en los registros de transparencia. 

LAS FALTAS DE LOS POLICÍAS SON UN MISTERIO 

Sin embargo, un elemento extraño aparece en estos registros: el caso de 17 policías que fueron procesados después de una investigación de asuntos internos (algunos de ellos fueron exonerados). En los documentos subidos por el gobierno de Guerrero, no se aclara el tipo de falta que cometieron, la sanción y las conclusiones a las que se llegó con la investigación. Todos fueron procesados en carpetas iniciadas el mismo día, el primero de julio de 2022 y con cierre del caso el 30 de septiembre de ese año. Todos forman parte de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Según los documentos, algunos fueron procesados por “Faltar a los Principios Rectores de la Función Policial”. El policía Alejandro “N” fue acusado de la “vulneración de los derechos humanos a los quejosos, consistentes en la vulneración del derecho a la integridad y seguridad personal”, aunque presuntamente no “existen pruebas” que acrediten abuso policial. No se explica el tipo de acusación que inició el proceso o la descripción del caso por parte de las víctimas. 

En esta lista de casos ambiguos, se menciona que un elemento fue sancionado (no se menciona el castigo) por “La reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones (…) se le impuso una sanción de AMONESTACIÓN PRIVADA. Siendo reincidente en cometer con su conducta violaciones a la normativa policial”. 

Otro elemento, José Ángel “N”, tiene en su expediente una explicación mucho más detallada de su falta, aunque sigue siendo opaca: “La reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones. Dentro de los archivos que obran en la Secretaría General de Acuerdos, no se advierte sanciones derivadas de procedimientos disciplinarios”. 

“Por cuando hace ‘el monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de obligaciones’, aunque no existe de forma directa un daño o perjuicio económico derivado del incumplimiiento de deberes, puso en riesgo la seguridad pública de la sociedad en general, considerándose de aspecto injustificables, por esta razón, este Consejo no puede ser omiso en sancionar tales actos”. 

Esta opacidad es fuera de lo común. En otros casos gubernamentales, como en el de registros de agresores sexuales en educación pública, el tipo de sanción y las causas de la falta son explicadas detalladamente en largos expedientes de conocimiento público. 

LOS NÚMEROS INTERNOS DE LA POLICÍA GUERRERENSE 

La Secretaría de Seguridad Pública del estado proporcionó a través de transparencia los números de las causas de baja de los policías de la entidad, aunque solo hasta 2021. Estos porcentajes abarcan desde 2012 hasta 2021. 

En 2012, el 16.95% de los policías en Guerrero fueron dados de baja por defunción. En 2019, sólo el 9.38% de los policías fueron dados de baja por esta razón. En 2020 hubo una subida alarmante: el 29.94% de los policías dados de baja habían muerto; en 2021 bajó a 20.97%. 

En 2012, sólo 5.65% de los policías fueron dados de baja por remoción de su cargo. Ese número fue aumentando progresivamente con el paso de los años. En 2017, llegó al 65% de los policías dados de baja. En 2020 fue de 47.13% y en 2021 de 43.13% (es decir, casi la mitad de los elementos de las corporaciones del estado). 

Un dato alarmante: de 2012 a 2021, el .30% de los policías fue dado de baja por “Presunción de muerte”, es decir, por desaparición. En 2019 alcanzó su pico más alto con el 2.08%. 

EMEEQUIS cuestionó al gobierno de Guerrero por la opacidad en las sanciones dadas a policías de la entidad. La Unidad de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos del estado respondió que los datos solicitados son de “carácter reservado y confidencial”. 

@Ciudadelblues 

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